La crisis de las listas de espera odontológicas en Chile no es un accidente aislado ni un síntoma reciente. Es el resultado legal, institucional y financiero de la capacidad del sistema público para responder institucional y financieramente a la magnitud de la demanda. Detrás de cada número hay un marco normativo que ordena la atención dental en el país, pero que también evidencia sus grietas.
No, la cantidad no es el problema, es la distribución. Actualmente hay 20 universidades acreditadas para la carrera de odontología con más de 14 mil estudiantes matriculados y en 2024 se registraron al menos 1.781 titulados.
Según la OMS, debería haber un dentista por cada 2.000 habitantes. Chile tiene 30.041 dentistas inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, sólo el 20% trabaja en el sistema público según el “Informe y estudio de brechas de médicos y odontólogos”.
El mismo estudio revela que la media nacional es un odontólogo contratado en Atención Primaria cada 3.671 habitantes y un odontólogo de especialidad por cada 12.887 habitantes, aquí la recomendación de la OMS no se cumple en territorio nacional.
Respecto a la distribución de odontólogos de atención primaria a jornada completa distribuidos en cada Servicio de Salud, los con mayor dotación son Metropolitano Occidente con 248, Viña del Mar con 185 y Coquimbo con 173. Los Servicios de Salud con menos dotación son Talcahuano con 31, Aysén con 44 y Araucanía Norte con 49, según el mismo informe.
Según los gráficos, el Servicio de Salud Araucanía Sur se acerca a la regla de OMS, pero el problema no está en la Atención Primaria, sino más bien en las especialidades, que, al igual que en Araucanía Sur, afecta a los Servicios de Salud Metropolitano Sur Oriente y Metropolitano Sur.
Asimismo, Patricio Palavecino, experto en salud pública y coordinador del Departamento de Salud Pública del Colegio Dentista de Chile, añade que las necesidades del territorio deben ir de la mano con las listas de espera.
“La distribución del recurso humano no coincide con las necesidades del territorio cuando se analizan en conjunto con las listas de espera. Es decir, no siempre donde hay más demanda es donde están los profesionales, y ese desajuste es un problema estructural que debemos corregir”, comentó el experto.
Sin embargo, la Región de La Araucanía supera la media nacional en la disponibilidad de especialistas odontológicos.
La tasa promedio nacional de especialistas odontológicos es de 8 por cada 100.000 habitantes, con una meta planteada en el Plan Nacional de Salud Bucal de alcanzar 9 especialistas por cada 100.000 personas a nivel nacional y en 2020 el Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) contaba con una tasa de 11 especialistas por cada 100.000 habitantes y el Servicio de Salud Araucanía Norte ya mostraba en 2020 una tasa de 13 especialistas por cada 100.000 habitantes.
Y desde la SEREMI de Salud estiman que esta tasa se ha superado actualmente.
Con tal de comprender por qué entonces los procedimientos odontológicos registran una lista de espera con más de 500.000 personas en el sistema de salud público, primero es necesario describir cómo operan las leyes, las instituciones y el financiamiento de este sistema regulado, pero tensionado.
La historia de la salud pública en Chile comenzó con donaciones monetarias de la iglesia católica a recintos hospitalarios en el S.XX, según se registra en el sitio web de Memoria Chilena. Así surgen hospitales históricos como el San Juan de Dios del Servicio de Salud Salud Metropolitana Occidente y el Hospital San Borja del Servicio de Salud Metropolitano Central.
Con el correr del tiempo, el Estado tomó protagonismo, con el objetivo de revertir una tasa de mortalidad y surge el concepto de Estado de Bienestar Social, que consistía en un rol activo del Estado en mejorar las condiciones de vida y salud de los chilenos desde 1920 hasta 1970.
En ese contexto, la salud dental era precaria, pues antes de la fundación de la Universidad de Chile, en 1842, nuestro país solo contaba con tres dentistas.
En el reportaje Odontología: tras la pista de su historia, realizado por la Universidad de Chile, los barberos hacían el trabajo de odontólogos como extracciones de dientes, y también a quienes se les comenzó a llamar “flebótomos”.
En 1854, el administrador del Hospital San Juan de Dios, Antonio de Torres e Irarrázaval, junto al Presidente Manuel Montt iniciaron un curso de un año de flebotomía y luego prestaron servicios al hospital otro año más para ejercitar sus conocimientos.
Conoce más sobre los antigüos sangradores y flebótomos aquí.
Según una publicación de la Revista de Educación en Ciencias de la Salud, la enseñanza de esta profesión comenzó en 1863 con el primer curso de dentística de la Universidad de Chile. Pero no fue hasta 1888, según el mismo estudio, que se crean formalmente los estudios de dentista en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, bajo el gobierno de Balmaceda.
Su prestigio se consolida en 1909, cuando, curiosamente, gracias a pericias odontológicas realizadas por el Dr. Germán Valenzuela Basterrica, se logra resolver un caso policial que estaba tensionando las relaciones entre Alemania y Chile. Tras contar con suficiente exposición pública, el doctor promociona su deseo de que exista una Escuela Dental moderna y dos años después, en el gobierno de Ramón Barros Luco, se inaugura la nueva Escuela Dental de la Universidad de Chile y en 1917 se concede existencia legal a la profesión a través de la Ley Nº 3.301, dejando en el pasado al flebotomiano (quienes antiguamente solían ejercer el rol de dentista).
Según el estudio «Hacia un modelo de atención en salud para el siglo XXI: breve historia del modelo de atención integrada en Chile”, se redacta en 1919 el Código Sanitario, primer cuerpo normativo de salud en Chile que reguló las carreras de odontología, química y farmacia, medicina y obstetricia. También se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social, lo que pasaría a ser el Ministerio de Salud de hoy.
Luego, en 1948, se fundó el Colegio de Dentistas de Chile, con el objeto del perfeccionamiento, la protección económica y social y la supervigilancia de la profesión de dentista. Recientemente, en 2024, bajo el nombre de Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile y tras una reforma a sus estatutos de 2012, se fortalece su representación en regiones y evoluciona desde un rol principalmente gremial hacia uno más amplio, como actor social clave en la política pública de salud bucal del país.
Tras el golpe de estado, la Universidad de Chile recibe recortes presupuestarios y, en 1979, se reorganiza el Ministerio de Salud y sus instituciones relacionadas. Se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA), encargado de recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales destinados a salud en Chile, y la creación del régimen de prestaciones de salud fijando las características del modelo de previsión y atención de salud vigentes. En este nuevo modelo, se instaló la posibilidad de optar por alternativas públicas o privadas en la previsión y atención.
En 1981, con el decreto con fuerza de ley de 1981, según una publicación del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo, se descentraliza la salud, encargando la administración de la mayoría de los centros de atención primaria de salud (APS) a las municipalidades. Además, ese año, la Universidad de Chile desarrolló un programa de transformación de un centro de atención de salud municipal para convertirlo en Centro de Salud Familiar (CESFAM), donde más universidades forman especialistas en salud de este modelo.
A partir de esta exitosa experiencia universitaria, en 1997 se crean oficialmente los CESFAM, regidos bajo la Ley N°19.378 que dictamina la atención primaria de salud a cargo de las municipalidades. Según indica esta normativa, los CESFAM, trabajan un modelo integral de salud con enfoque familiar y comunitario, que atiende a la familia con énfasis en la prevención, promoción, curación, cuidado domiciliario y atención ambulatoria. Asimismo, la ley dictamina cuáles son todos los otros centros que entregan atención primaria, como el CECOSF, SAR, SAPU y Posta Rural.
Los derechos de los pacientes están respaldados por la Ley 20.584, que garantiza atención digna, informada y oportuna, tanto en el sistema público como en el privado. Sin embargo, la estructura que permite materializar este principio funciona bajo normas que, pese a lo articulado, operan con recursos limitados.
El Decreto 140 y la Ley 19.937 definen la organización de los 15 Servicios de Salud del país, responsables de coordinar la red asistencial desde los Centros de Salud Familiar (CESFAM) hasta los hospitales de alta complejidad. La misma ley reforzó el rol rector del Ministerio de Salud y creó la Superintendencia de Salud, encargada de supervisar a prestadores y aseguradoras.
El sistema de Salud Público se divide en:
Las interconsultas de profesional a profesional determinan el flujo entre niveles. Las patologías GES tienen tiempos garantizados; las no GES, como la mayoría de las prestaciones odontológicas, pueden acumular años de espera.
El odontólogo e investigador Sebastián Zamorano Vidal, vicepresidente de la división chilena de la Asociación Internacional para la Investigación Dental, Oral y Craneofacial (IADR), advierte que los CESFAM hacen “lo máximo posible”, pero la demanda de pacientes que necesitan tratamiento de especialidad excede su capacidad. “La presión es constante”, afirma.
“No cabe duda que el sistema público trabaja al máximo con los recursos disponibles, pero es insuficiente si hay una alta demanda. Los CESFAM, como puerta de entrada al sistema, ofrecen atenciones básicas y buscan resolver la mayor cantidad de casos posibles para evitar derivaciones al nivel secundario, intentando hacer más resolutiva a la Atención Primaria, pero cuando no se puede, llegan las derivaciones y ahí se produce el problema”, comenta Zamorano.
La odontóloga de Fundación Sonrisas, Constanza Haleby, concuerda con lo expuesto: “si el CESFAM deriva más de lo que el Servicio puede absorber, la lista de espera aumenta. Los tiempos de espera pueden bajar si hay esfuerzo, pero la cantidad de personas en lista de espera no baja”.
El exjefe de la unidad dental del CESFAM Víctor Manuel Fernández, Marcos Jarpa, se desempeñó en el cargo cinco años y comenta que en el recinto analizaron los problemas que derivan en lista de espera, donde también destaca la infraestructura, el ausentismo debido a años de espera para los pacientes y en las derivaciones.
El CESFAM Víctor Manuel Fernández de Concepción brinda atención primaria y secundaria en odontología, ya que cuentan con especialidades, por lo que derivan dentro del mismo. El odontólogo exjefe destaca que comenzaron a avanzar en la lista al ver las priorizaciones en el ámbito dental.
El odóntologo destaca que “la meta es reducir los tiempos de espera a 150 días”, donde la cantidad de casos registrados se mantiene, puesto que según el Visor Ciudadano, en el CESFAM Víctor Manuel Fernández, los registros estaban en 10.774 y la mediana de tiempos de espera eran de 252 días, a diciembre de 2025, los casos se mantienen en 10.662 y la mediana de tiempo de espera bajo a 198 días.
La presión para resolver las crecientes listas de espera odontológicas abre una conversación entre expertos que pasa del sector público respecto a posibles soluciones.
Patricio Palavecino, experto en salud pública y coordinador del Departamento de Salud Pública del Colegio Dentista de Chile, comenta que “si el Estado pudiera externalizar el servicio odontológico mediante bonos de Modalidad Libre Elección (MLE) sería mucho más barato para el sistema. En muchos países, los sistemas públicos no cuentan con tantas consultas odontológicas propias; lo que hacen es entregar cobertura para que las personas se atiendan en el sector privado”, explica.
Una postura similar sostiene Constanza Haleby, odontóloga de Fundación Sonrisas, quien explica que “el servicio público tiene una sobredemanda muy grande y trabaja con Red Integral de Salud, por lo tanto siempre generará las listas de espera, porque hay un CESFAM que deriva a un hospital que absorbe cierta demanda y sigue creciendo y no baja”, sin embargo argumenta que “si la MLE estuviese más presente en odontología, como lo es en el área médica, podría ayudar a que bajen”.
Actualmente, Fonasa ofrece prestaciones en convenio con clínicas privadas a través de la modalidad PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), que permite a sus usuarios de los tramos B, C y D acceder a intervenciones quirúrgicas y procedimientos pagando un precio fijo y conocido. Cada paquete incluye todo lo necesario para resolver integralmente el problema de salud: cirugía, días en cama, exámenes, medicamentos e insumos.
Sin embargo, Fonasa sólo ofrece siete Bonos PAD para el área odontológica, muy por debajo de la amplia gama de coberturas disponibles en el área médica. “Si uno lo compara con toda la cobertura del área médica, deben ser cientos. Proporcionalmente es súper bajo”, explica Palavecino, quien además recalca que, en estos bonos, Fonasa solo cubre el 40% del valor total, mientras que el paciente debe copagar el 60% restante. “Aun así, ese 40% podría ser mejorable”, señala.
Pese a este sistema de copago que existe, la experta Constanza Haleby sostiene que “el gasto de bolsillo sigue siendo más alto para odontología que en medicina” y que aunque la gente tenga la oportunidad de acceder a bonos PAD, “la cobertura no es suficiente para dar respuesta a las necesidades bucales”. También comentó que “una familia promedio no puede acceder a los costos odontológicos» debido a lo altísimo de estos.
Los datos lo confirman, pues según el Instituto Nacional de Estadísticas, el ingreso medio mensual de la población ocupada en 2024 se estimó en $651.445, y según la encuesta 5C CADEM, el 52% de los chilenos declara no ir al dentista por el alto costo o la ausencia de beneficios.
Por otro lado, no todos los sectores ofrecen la MLE para servicios odontológicos. Esto depende de cada recinto de salud privado. En las comunas que conforman el Servicio de Salud de Araucanía Sur, zona más afectada por las listas de espera dentales, cuentan con 33 clínicas que ofrecen esta modalidad, 19 son de Temuco, 6 de Villarrica, 2 de Padre Las Casas, 2 de Pitrufquén y 1 de Nueva Imperial, según datos de FONASA.
Según los mismos datos, en las comunas que pertenecen al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, segundo servicio más afectado por las listas de espera dentales, hay 78 clínicas con esta modalidad, más variedad que en Araucanía Sur.
El financiamiento del sistema de salud público chileno combina impuestos generales, cotizaciones obligatorias, seguros privados y copagos. Cada nivel, primario, secundario y terciario, recibe fondos según mecanismos distintos.
Según la Ley 19.378, la Atención Primaria de Salud (APS) se financia principalmente con recursos de Fonasa, que transfiere un aporte per cápita basal, que depende de la población inscrita y cubre el Plan de Salud Familiar. Además hay otra variable, que ajusta recursos según ruralidad, pobreza, envejecimiento y condiciones epidemiológicas, para compensar desigualdades entre comunas.
A estos fondos se suman aportes complementarios para prestaciones no cubiertas por el plan, además de programas específicos, fondos de salud pública, inversiones sectoriales, recursos municipales y fondos regionales.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales, que articula todo el sistema y coordina infraestructura, equipamiento y personal, se financia principalmente con aporte fiscal directo, junto a recursos derivados de programas sociales.
El Ministerio de Salud anunció para 2025 un aumento del 68% en recursos destinados a reducir listas de espera médicas y quirúrgicas. Pero el panorama dental siguió empeorando.
Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondientes al presupuesto nacional de 2025, el presupuesto del Minsal pasó de $16.000 a $17.000 millones de pesos en 2025. De esa cifra, la Subsecretaría de Redes Asistenciales opera con alrededor de $1.200 millones, equivalente al 7% del presupuesto total de 2025 para salud.
En la distribución regional, el Servicio de Salud Araucanía Sur recibió para 2025 un presupuesto ($633 millones) un 22% inferior al del Metropolitano Sur Oriente y Metropolitano Sur, que concentran mayor inversión a nivel nacional, sin embargo, fue un 15% más que en 2024.
El siguiente gráfico muestra la variación de presupuesto 2025 para los Servicios de Salud Metopolitano Sur, Metropolitano Sur Oriente y Araucanía Sur.
Pese al aumento en el presupuesto para todos los Servicios de Salud, los datos del Visor Ciudadano muestran que las listas de espera no bajaron. En diciembre de 2024 habían 512.359 registros en la lista de espera odontológica a nivel nacional, que pasó a 520.116 a enero de 2026.
El ex Director Nacional de Odontología del Ministerio de Salud, Mario Villalobos, comenta que “el presupuesto es el rango directivo determinante. Un referente de programa puede justificar técnicamente por qué se necesitan más recursos(…), una dirección con asiento en el nivel estratégico puede amarrar metas de reducción de listas de espera, fortalecimiento de APS o expansión de especialidades a decisiones presupuestarias”.
Por Aracely Molina y Catalina Taccone (2026). Profesora guía: Catalina Gaete.